Hace más de 6 meses que el Gobierno bonaerense dilata la designación de autoridades en el Consejo Provincial de las Mujeres. Como no se puede ejecutar, el presupuesto conseguido en 2007 está congelado. Funcionarias de la anterior gestión aseguran que las acciones siguen en la misma dirección, pero desconocen las razones que impiden al Ejecutivo provincial efectuar los nombramientos.El Consejo Provincial de las Mujeres (CPM) en la provincia de Buenos Aires no tiene autoridades desde que el justicialista Daniel Scioli y sus colaboradores asumieron la gobernación en diciembre de 2007. La anterior gestión, encabezada por Felipe Solá, le había asignado al organismo un presupuesto de 2 millones de pesos y 20 cargos para el ejercicio de 2008. Sin embargo nunca se ejecutaron. De ese modo las acciones orientadas a proteger los derechos de las mujeres y promover la equidad de género se encuentran embargadas desde hace más de 6 meses.Nadie explica a nivel del Ejecutivo provincial y de los ministerios por qué el CPM continua acéfalo. La situación preocupa a las funcionarias y dirigentas políticas que participaron en la refundación del Consejo y asumieron su conducción el año pasado. Los puestos más importantes estuvieron a cargo de Claudia Bernazza (actual diputada nacional del Frente para la Victoria), Laura Berado y Claudia Prince, pero debieron dejarlos el 10 de diciembre frente al recambio de autoridades provinciales.Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, esas referentes políticas conquistaron no sólo un interesante presupuesto, sino también un decreto que reglamentó el funcionamiento del CPM, que integró a funcionarias de diferentes ministerios y del Gabinete provincial, otorgándole la posibilidad de intervenir en la elaboración de políticas públicas. Fue así que el CPM tuvo incidencia en la protocolización de la atención sanitaria de mujeres víctimas de violencia y de los casos de abortos no punibles; en la creación del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM); y la puesta en macha de la mesa interprovincial de violencia familiar, que promueve la constitución de mesas locales en los municipios de Buenos Aires para vigilar la aplicación de la Ley 12.589 de violencia familiar.La Dirección de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Derechos Humanos fue el brazo operativo de parte de las políticas públicas impulsadas por el Concejo, por esa razón hoy día puede sostener las acciones más importantes instrumentadas en el tema violencia. La titular de esa Dirección, Claudia Prince (ex secretaria Ejecutiva del CPM), fue quien informó que 'el gobierno tiene interés en la continuidad del Consejo', de acuerdo a conversaciones que mantuvo con mandatarios bonaerenses, pero desconoce la razón que está demorando la designación de nuevas autoridades.La funcionaria señaló que la gestión en violencia crece y necesita organizarse. Reconoció también que falta instrumentar políticas con perspectivas de género y para avanzar es necesario el CPM. Prince aclaró que 'lo que hicimos a través de ese organismo no se disolvió. Con otras funcionarias estamos tratando de instalar fuertemente la perspectiva de género en las políticas públicas', agregó.
Argenpress
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